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Absolvieron a Milagro Sala en la causa por la “Balacera de Azopardo”

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La dirigente de la Tupac Amaru celebró el fallo como una muestra de justicia “ante la persecución política que están sufriendo muchos compañeros”. Por unanimidad, el Tribunal en lo Criminal Nº2 absolvió a la dirigente social en la causa que investigaba un tiroteo que se produjo en 2007 y que terminó con una niña de 7 años herida. “Me duele que hayan tenido que torturar a Cardozo, a Ávila y a otros compañeros más para tenerme parada acá”, dijo Sala antes de escuchar la sentencia.

El Tribunal en lo Criminal N°2 de Jujuy absolvió por unanimidad a la dirigente social Milagro Sala en la causa caratulada como “Balacera de Azopardo”, donde figuró hasta hace algunas horas como acusada de tentativa de homicidio y lesiones graves. También resultó absuelto Alberto Cardozo, otro de los acusados, quien permaneció dos años detenido por esta causa, durante los cuales, según denunció en el debate, fue torturado. El tribunal ordenó la inmediata libertad de ambos.

“Es una pequeña luz de esperanza de que se está haciendo justicia ante la persecución política que están sufriendo muchos compañeros nuestros. No lo esperaba, me sorprende muchísimo”, celebró Sala finalizada la audiencia. También lo hizo su abogada Elízabeth Gómez Alcorta: “Apostábamos por la absolución porque esta causa no se sostenía por ningún lado, pero es Jujuy. Así que a la razón sobrevino la sorpresa”.

Los hechos juzgados sucedieron en 2007, pero Sala y Cardozo no estuvieron involucrados como acusados hasta 2016, cuando la investigación quedó en manos del juez Guillermo Pullén Llermanos, de dedicación exclusiva a investigar a la dirigente social a otros integrantes de la Tupac Amaru desde que Gerardo Morales asumió la gobernación de Jujuy.

¿Qué pasó entonces? Ávila y Páes llegaron a una esquina, en su auto, se bajaron y dispararon contra Cardozo. Cardozo se escondió y las balas hirieron a una nena de 11 años, que quedó herida. Cardozo la llevó a un hospital para que la asistieran y, luego, denunció los hechos. Hasta que la causa pasó a manos de Pullén Llermanos, la investigación se centró en el intento de homicidio de Cardozo y las lesiones graves sufridas por la niña. “Muchos testigos los vieron a Ávila y a Páes ya que era una mañana un sábado en el medio de la calle. Cinco los vieron que bajaron del auto, cuatro que estaba armados los dos, tres que dispararon los dos”, aclaró Gómez Alcorta.

En 2016 la línea de investigación cambió y empezó “un armado político judicial que en esta causa llegó a un nivel paroxismo increíble en la persecución judicial contra Sala y que durante el debate quedó al descubierto”, apuntó la abogada. En el juicio, testigos contaron que el juez visitó a Ávila y a Páes en la cárcel, se reunió con sus familias, les ofreció libertad a cambio de que declaren en contra de Milagro y de que dijeran que fue Sala quien les pidió que maten a Cardozo. Ávila no arregló, Páes sí.

Páes, en indagatoria –es decir que puede mentir sin que eso signifique un delito– contó su nueva versión. Dijo que fue con Ávila a matar a Cardozo por pedido de Sala, pero que no se bajó del auto y que, incluso, Cardozo les devolvió los disparos. Pullén Llermanos, con solo ese testimonio, imputó a la referente de la Tupac como coautora de tentativa de homicidio y a Cardozo, por sus supuestos disparos, y los detuvo a los dos. “Así se llegó a juicio. A Cardozo lo torturaron en el servicio penitenciario, y cuando lo denunció ante Pullén Llermanos, éste le dijo que si ‘arreglaba’, salía en libertad. Todo esto, todo este armado salió a la luz”, contó Gómez Alcorta, y completó: “Páes, un tipo que estuvo nueve años preso, prófugo primero, por tentativa de homicidio, se convirtió en el único testigo de un juicio en el que a Sala el Estado le pidió 12 años de prisión”. Hoy, Páes es testigo protegido.

La Fiscalía durante el juicio, a cargo de Marcelo Cuellar, el mismo funcionario que trabajó en la instrucción de la causa, sostuvo la acusación de la investigación preliminar y pidió la pena de 12 años para la dirigente social. Durante su alegato, Gómez Alcorta advirtió el carácter insostenible de la acusación en contra de Sala y de Cardozo y exigió la absolución.

Las juezas Claudia Sadir, Mónica Cruz Martínez y Liliana Pellegrini fallaron en ese sentido y absolvieron a ambos, a quienes ordenaron que sean puestos en libertad de inmediato. Cardozo se fue a su casa tras la sentencia, Sala debe esperar la resolución del juicio que aún está en proceso, en el que está acusada por defraudación al Estado y asociación ilícita. El tribunal, en cambio, condenó a Ávila a seis años y seis meses de prisión por tentativa de homicidio.

“Es muy grave todo lo que sucedió con esta causa y la absolución del tribunal deja al descubierto el armado político judicial de persecución que soporta Sala y el resto de los militantes de la Tupac” desde que Morales es Gobernador, apuntó Gómez Alcorta. “No son capaces solamente de tergiversar el derecho, sino que son capaces directamente de inventar hechos y por la vía delictiva: porque para ese armado aprietan gente, ponen abogados, extorsionan a familias enteras, privan ilegalmente de la libertad a la gente. A Cardozo y a Sala los privaron ilegalmente de la libertad”, sumó la abogada.

Es la tercera causa en contra de la dirigente jujeña que llega a juicio y la segunda en la que resulta absuelta. Hasta ahora recibió solo una condena, a tres años en suspenso, pero que aún no está firme. Con esta nueva absolución, su abogada entiende que “se empieza a resquebrajar el armado político para ubicar a Sala en el medio de todos los delitos: el modus operandi es el mismo en todas las causas, ya que ella aparece como la que da órdenes. Ordena robar, ordena matar, ordena amenazar. Eso se está empezando a caer porque siempre los testigos que la acusan son personas que con esa acusación se benefician directamente y no hay más pruebas que sus testimonios”.

Últimas palabras de Sala

Antes de que el TOC 2 de Jujuy ofreciera su sentencia, los acusados en el juicio tuvieron derecho a decir lo que quisieran. Sala apuntó al análisis político de su investigación, su acusación, su detención. “Me duele como persona, porque valora la vida muchísimo, que hayan tenido que torturar a Cardozo, a Ávila y a otros compañeros más para tenerme parada acá”, consideró. Lanzó un duro mensaje contra el gobierno de Mauricio Macri, que insiste en adjudicarle expedientes en su contra, y denunció una “persecución hacia algunos sectores políticos”.

La dirigente social quiso dejar en claro las condiciones en las que llegó al Juicio, aunque fue interrumpida rápidamente por una de las juezas que le reclamó “no desviarse” de la causa en cuestión. “Mi intención es decir lo poco que siento y nada más, ustedes siéntanse libres por la decisión que tomen porque ustedes se quedan acá, los gobiernos se van”, enfatizó Sala, quien cuestionó el accionar de “los que toman determinaciones para perseguir a algunos sectores políticos con los que no están de acuerdo”.

Por su parte, Ávila denunció que fue apretado en la cárcel para que acusara a Sala: “Apareció el juez Pullen Llermanos (…) me dijo que no me querían preso a mí sino a Milagro Sala, que si colaboraba me dejaba en libertad”, aseguró.

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Trasladaron a una sala de terapia intensiva al senador Carlos Alberto Reutemann

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El exgobernador de Santa Fe está internado por un cuadro de anemia desde el miércoles a la tarde.

El ex gobernador santafesino y actual senador, Carlos Alberto Reutemann, fue internado en un sanatorio de Santa Fe luego de que se presentara el miércoles para realizarse una serie de estudios por un cuadro de anemia. Luego de evaluarse su situación, el jueves se decidió derivarlo a una sala de terapia intensiva.

Los médicos pretenden determinar si existe alguna patología o hemorragia que pudiera provocar la anemia. Desde el sanatorio céntrico de la capital santafesina se informó que Reutemann “llegó por sus propios medios a internarse el miércoles por la tarde”.

Clarín consultó a sus allegados, quienes evitaron confirmar mayores detalles sobre su salud, aunque aseguraron que la internación en una sala de mayor complejidad se dispuso sólo para que los médicos pudieran tener un control más exhaustivo de su estado.

La actual internación, de acuerdo a lo que señalan en su entorno, no tiene relación con un posible cuadro de coronavirus. El ex gobernador, de 79 años, fue vacunado a fines de marzo luego de inscribirse en la página oficial de la provincia y aguardar su turno, que le fue otorgado por formar parte de una de las franjas etarias considerada de mayor riesgo.

El ex gobernador cumplió con el trámite sin bajarse de su automóvil, para evitar tomar contacto con la gente. Algunas enfermeras que lo reconocieron, sin embargo, le pidieron tomarse fotos. La imagen de ese momento fue compartida en redes sociales. Fue una de los pocas apariciones públicas del dirigente en los últimos tiempos.

El Sanatorio Santa Fe, donde está internado Reutemann, se encuentra en el centro de la capital provincial. Foto: Google Maps

El Sanatorio Santa Fe, donde está internado Reutemann, se encuentra en el centro de la capital provincial. Foto: Google Maps

Reutemann (79), dos veces gobernador santafesino y senador nacional desde 2003, había sido intervenido quirúrgicamente en Nueva York en 2017 a causa de un cáncer de hígado.

“Tenía un tumor en el hígado. Tuvieron que hacer una cirugía bastante compleja porque el tumor estaba encapsulado”, reveló el ex corredor de Fórmula 1 tras aquella intervención.

“Fue una cirugía muy larga de seis o siete horas y estuvo tres meses para cicatrizar. Tuve una recuperación lenta”, contó sobre el proceso de rehabilitación.

Allegados al legislador explicaron en los últimos tiempos que luego de aquella operación su salud quedó “deteriorada” y que le dejó algunas secuelas.

En ese sentido, la exdiputada Alejandra Vucasovich, una de sus más leales aliadas políticas, reveló el año pasado que Reutemann estaba “muy lúcido, pero con muchos impedimentos físicos”, cuando fue consultada sobre el silencio del dirigente en torno al caso Vicentin.

“El cáncer que tuvo en su momento lo ha dejado muy deteriorado”, precisó Vucasovich en declaraciones a Radio 2.

Carlos Reutemann en el Senado. Representa a su provincia en la cámara alta desde el 2003. Foto: Andres D'Elia.

Carlos Reutemann en el Senado. Representa a su provincia en la cámara alta desde el 2003. Foto: Andres D’Elia.

Reutemann se inició en la política desde el peronismo, de la mano del fallecido expresidente Carlos Menem, pero luego se diferenció al adherir a la alianza Cambiemos, siendo uno de los principales dirigentes del interior del país en apoyar a Mauricio Macri.

En 1991 alcanzó por primera vez la gobernación de Santa Fe gracias la controvertida Ley de Lemas, que le permitió ser elegido a pesar de tener menos votos que el radical Horacio Usandizaga, pero ayudado por la sumatoria de todos los candidatos del PJ. En 1999 volvería a repetir, pero esta vez alcanzando un aplastante triunfo sobre el mismo adversario de la UCR.

El conflicto que protagonizó el Gobierno de Cristina Kirchner con el sector agropecuario fue un quiebre en la relación con el oficialismo. Reutemann abandonó en 2009 el bloque K y ese mismo año se impuso para revalidar la banca como parte del espacio Santa Fe Federal, que contaba con el apoyo de un sector del PJ.

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La Cámara de Casación consideró que no fueron delitos de lesa humanidad las vejaciones a soldados en la guerra de Malvinas

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El tribunal penal dio la razón a un ex oficial del Ejército en el sentido de que se trataron de delitos comunes que ya prescribieron. El fallo podría hacer caer toda la causa que se instruye en el juzgado federal de Río Grande.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró esta semana que las vejaciones a soldados argentinos cometidas por oficiales durante la guerra de Malvinas 1982 no fueron delitos de lesa humanidad sino delitos comunes.

Los hechos denunciados, que se investigan en el juzgado federal de Río Grande, no pueden tomarse como crímenes de guerra porque “las presuntas víctimas tenían estado militar y por tanto estaban sometidos a la justicia militar, no resultando ser población civil o grupos perseguidos”, señaló un fallo del máximo tribunal penal antes de la Corte.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por hacer lugar al recurso de casación de un oficial del Ejército y tomaron esa posición que haría prescribir las causas por vejaciones que, incluso ya tienen procesamientos.

“Se advierte que asiste razón a la defensa en cuanto a que en aquel fallo se ha insistido con una cuestión que fue zanjada por esta Cámara Federal de Casación Penal (en el 2009) en el decisorio reseñado en el punto precedente -el cual se encuentra firme-, al referirse a la categorización que corresponde otorgarle a los hechos por los cuales mediara requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Petrone.

Tomó esa posición, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por un ex militar acusado de cometer torturas durante la guerra de Malvinas llamado Jorge Oscar Ferrante, que tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección de una compañía.

La Sala I, con las firmas de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, aceptó el recurso de casación presentado por el abogado Manuel Eduardo Barros, defensor de Ferrante.

 Además, con el voto mayoritario de Barroetaveña y Petrone le devolvió el expediente a la Federal Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”.

Ferrante fue llamado a indagatoria por las supuestas torturas contra el soldado Julio César Más, quien “habría sido estaqueado entre doce y dieciocho horas y que habría culminado cuando otro conscripto lo liberó durante un bombardeo”.

“La cuestión sometida a inspección casatoria relativa a la categorización de los hechos juzgados en este legajo, fue dirimida por esta Sala –con diferente integración- en la ya citada causa de fecha 13 de noviembre de 2009, sentencia que adquirió́ firmeza tal como expresamente lo puso de relieve el más Alto Tribunal en su ya referenciado pronunciamiento en estos actuados, de fecha 13 de mayo de 2015″, agregó Barroetaveña.

La jueza Figueroa votó por rechazar el recursos de Ferrante y a favor de que se siga investigando: “Conforme el estado procesal de la causa y la totalidad de las constancias glosadas al expediente, se advierte que la decisión cuestionada cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo podría llevar a la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y “enterramientos” de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”, explicaron los voceros judiciales.

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”.

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Federico Basualdo sigue en su puesto y se muestra en una actividad oficial

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Desde el kirchnerismo salieron a difundir un encuentro del subsecretario con el sindicato de Luz y Fuerza.

Desde uno y otro lado dejan trascender que el conflicto terminó. El ministro de Economía Martín Guzmán seguirá en su puesto, aunque no haya podido despedir a su subalterno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El presidente Alberto Fernández respaldó a Guzmán. El Instituto Patria, a Basualdo.

Pero aunque pareciera que desde ambos “bandos” buscan bajarle la espuma al conflicto, este martes desde el kirchnerismo salieron a mostrar que Basualdo sigue con su actividad como si nada. Hace horas, sin embargo, desde Economía decían que Basualdo debería dejar su cargo más temprano que tarde.

La forma de dejarlo claro fue la difusión de un encuentro de Basualdo, y la Interventora del ENRE, el ente regulador de la electricidad, Soledad Manin, con representantes del Sindicato de Luz y Fuerza.

La pelea de fondo entre los funcionarios era el aumento de las tarifas. Mientras que Guzmán buscaba reducir los subsidios con subas similares a la inflación para así quitar combustible al déficit fiscal, desde el kirchnerismo más duro y La Cámpora pugnaban por un incremento mínimo, casi testimonial, para no afectar los bolsillos de los consumidores en el año electoral.

El sábado pasado se anunció un alza del 9% para Edenor y Edesur. Por ahora, ese sería el único aumento del año. Guzmán esperaba poder anunciar otro en julio para totalizar 15% en el año.

Según el comunicado del encuentro con Luz y Fuerza, la interventora del ENRE explicó que el organismo se encuentra completando la verificación de la ejecución de la primera etapa del plan de inversión y obras de infraestructura de distribución eléctrica en el AMBA, “impulsado por el Ente Regulador y la Subsecretaría de Energía Eléctrica”, para que no queden dudas.

“En este marco, las distribuidoras ejecutaron más de 800 millones de pesos en el primer trimestre del año, y se encuentra iniciada la segunda etapa con un compromiso de inversiones por 1.493 millones de pesos”, agregaron.

El hecho de que Guzmán tenga rango de ministro y Basualdo de subsecretario no quiere decir nada en un gobierno donde la vicepresidenta marca agenda. De hecho, el cristinismo ya forzó la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF, donde recaló un hombre de Máximo Kirchner, Pablo González.

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