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Politica

A tres años de la muerte de Nisman, la Justicia descubrió recién ahora que hay escuchas de los teléfonos de Lagomarsino

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Sin pistas nuevas que permitan acercarse a la verdad sobre los autores materiales e intelectuales del crimen del fiscal Alberto Nisman, la investigación judicial se aferra a una prueba inesperada que acaba de aterrizar en Tribunales: Diego Lagomarsino tenía el celular intervenido por una orden judicial. En realidad eran dos líneas que comenzó a utilizar después del 18 de enero de 2015, día que Nisman fue encontrado muerto y del que mañana se cumplen tres años. También se hicieron escuchas sobre al menos una línea fija de un domicilio donde ya no vive, según pudo saber Infobae en fuentes judiciales. Las revelaciones surgen de un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), presentado el 2 de enero en la fiscalía de Eduardo Taiano.

Según las fuentes consultadas, el organismo activó su protocolo de actuación interno y únicamente aportó los datos de la causa donde se ordenaron las escuchas. Se trata del expediente 2752/2015 en el que se investiga por presunto lavado de dinero la cuenta bancaria que tenía el fiscal en el banco Merrill Lynch de Nueva York (Estados Unidos), y de la que Lagomarsino era su apoderado junto Sara Garfunkel y Sandra Nisman, madre y hermana del fiscal.

Esa causa se inició en marzo de 2015 -dos meses después de la muerte del Nisman- por una presentación de la ex mujer del fiscal, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. La cuenta no había sido declarada por Nisman. Las escuchas fueron ordenadas en el primer tramo de la investigación, cuando tramitaba en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Luego la Cámara Federal le sacó la causa y se la dio al juez Claudio Bonadio. El expediente sigue abierto.

Con la confirmación oficial, ahora la Justicia debería insistir en un nuevo pedido para acceder al contenido de los audios. Primero deberá determinar en qué fechas se hicieron las escuchas ya que el oficio de la DAJuDeCO no lo informa. Lo que se sabe es que no fueron ni antes ni en el mes e la muerte de Nisman por lo que los investigadores deben determinar si igual el contenido les interesa. Si es así, deberán solicitarlo.

Taiano le había solicitado en diciembre a la DAJuDeCO, la ex OJOTA de la ex SIDE, que responda si hay escuchas legales de otras causas que puedan arrojar datos valiosos. El fiscal entregó un listado de más de 40 personas, según pudo saber Infobae. Entre ellos estaba Diego Lagomarsino y allegados al asesor informático. También figuraba el fiscal Nisman, algunos allegados, y sus custodios, que todavía no fueron exonerados aunque ya están procesados. Sobre estos últimos, la respuesta fue negativa:  Nisman y los custodios no tenían los teléfonos intervenidos. Sin embargo, en Tribunales no se descarta que Nisman haya sido objeto de escuchas ilegales.

(Reuters)

(Reuters)

Concretamente, la Justicia pidió escuchas sobre esas personas entre diciembre de 2014 y fines de febrero de 2015. “Los días previos serían importantes para saber por qué (Nisman) cambió su viaje de regreso al país, y enero fue el mes de la presentación de su denuncia y su muerte”, justificaron en la Fiscalía. Taiano había solicitado escuchas por un año pero el período de tiempo fue reducido por el juez Julián Ercolini, quien homologa cada uno de los pedidos.

El listado confeccionado por la Fiscalía también sufrió modificaciones. En total hay casi 60 personas en la mira. No se descarta que en las próximas semanas la Justicia también pida rastrear escuchas de ex funcionarios, teniendo en cuenta lo que pasó con el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli.

¿Puede aparecer una prueba semejante después de tres años?. “Las escuchas muchas veces se ordenan a través del número telefónico, sin identificar a la persona con nombre y apellido”, explicó a Infobae una fuente de la investigación.

La respuesta de la DAJuDeCO aterrizó en Tribunales el primer día hábil de 2018. Y causó sorpresa entre los investigadores, que ahora seguramente solicitarán mayores precisiones.

También está pendiente un pedido de informes sobre los empleados de la empresa Seguridad Integral Empresaria (SIE), encargada de monitorear las cámaras de seguridad del complejo Le Parc en ese entonces y, en la mira de la Justicia, a partir de una denuncia de la diputada Elisa Carrió sobre una supuesta zona liberada para ingresar al departamento del fiscal. Esa causa paralela recién se reactivó en diciembre pasado, cuando el juez Julián Ercolini se la envío a la fiscalía que dirige Taiano y se quedó solo con el tramo que investiga las irregularidades en la escena del crimen. “Estamos por lanzar una batería de medidas”, se limitó a responder una fuente judicial.

En la causa principal, los investigadores se aferran cada vez más a las pistas que van surgiendo del mega entrecruzamiento telefónico. Ahí parecen ex funcionarios y ex responsables del aparato de inteligencia. La pericia comenzó cuando la causa estaba en la Justicia ordinaria y pasó por cinco fuerzas distintas. La fiscal Viviana Fein recurrió a la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal. Luego intervino la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la DAJuDeCO, y hasta la Gendarmería. Hace un tiempo, volvió a la Policía Federal.

A tres años de la muerte del fiscal Nisman, en Comodoro Py apuestan a los resultados de ese entrecruzamiento para terminar de armar el “plan criminal”. Lagomarisno está procesado como partícipe necesario por haberle dado al fiscal la pistola Bersa 22 de la que salió el disparo que lo mató, el 18 de enero de 2015, en el baño de su departamento de Puerto Madero. Pero no hay pistas sobre los autores materiales ni intelectuales ni las motivaciones para atentar contra la vida del fiscal.

Al igual que ocurre con la pericia informática (sobre las computadoras y teléfonos de Nisman y Lagomarisno), se espera que el entrecruzamiento tarde varios meses más. “Son unos 4.000 números y no hay recursos disponibles”, argumentan en Tribunales para justificar semejante lentitud. Igualmente en la Fiscalía aguardan con expectativa un nuevo informe preliminar para el mes de febrero.

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Politica

Trasladaron a una sala de terapia intensiva al senador Carlos Alberto Reutemann

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El exgobernador de Santa Fe está internado por un cuadro de anemia desde el miércoles a la tarde.

El ex gobernador santafesino y actual senador, Carlos Alberto Reutemann, fue internado en un sanatorio de Santa Fe luego de que se presentara el miércoles para realizarse una serie de estudios por un cuadro de anemia. Luego de evaluarse su situación, el jueves se decidió derivarlo a una sala de terapia intensiva.

Los médicos pretenden determinar si existe alguna patología o hemorragia que pudiera provocar la anemia. Desde el sanatorio céntrico de la capital santafesina se informó que Reutemann “llegó por sus propios medios a internarse el miércoles por la tarde”.

Clarín consultó a sus allegados, quienes evitaron confirmar mayores detalles sobre su salud, aunque aseguraron que la internación en una sala de mayor complejidad se dispuso sólo para que los médicos pudieran tener un control más exhaustivo de su estado.

La actual internación, de acuerdo a lo que señalan en su entorno, no tiene relación con un posible cuadro de coronavirus. El ex gobernador, de 79 años, fue vacunado a fines de marzo luego de inscribirse en la página oficial de la provincia y aguardar su turno, que le fue otorgado por formar parte de una de las franjas etarias considerada de mayor riesgo.

El ex gobernador cumplió con el trámite sin bajarse de su automóvil, para evitar tomar contacto con la gente. Algunas enfermeras que lo reconocieron, sin embargo, le pidieron tomarse fotos. La imagen de ese momento fue compartida en redes sociales. Fue una de los pocas apariciones públicas del dirigente en los últimos tiempos.

El Sanatorio Santa Fe, donde está internado Reutemann, se encuentra en el centro de la capital provincial. Foto: Google Maps

El Sanatorio Santa Fe, donde está internado Reutemann, se encuentra en el centro de la capital provincial. Foto: Google Maps

Reutemann (79), dos veces gobernador santafesino y senador nacional desde 2003, había sido intervenido quirúrgicamente en Nueva York en 2017 a causa de un cáncer de hígado.

“Tenía un tumor en el hígado. Tuvieron que hacer una cirugía bastante compleja porque el tumor estaba encapsulado”, reveló el ex corredor de Fórmula 1 tras aquella intervención.

“Fue una cirugía muy larga de seis o siete horas y estuvo tres meses para cicatrizar. Tuve una recuperación lenta”, contó sobre el proceso de rehabilitación.

Allegados al legislador explicaron en los últimos tiempos que luego de aquella operación su salud quedó “deteriorada” y que le dejó algunas secuelas.

En ese sentido, la exdiputada Alejandra Vucasovich, una de sus más leales aliadas políticas, reveló el año pasado que Reutemann estaba “muy lúcido, pero con muchos impedimentos físicos”, cuando fue consultada sobre el silencio del dirigente en torno al caso Vicentin.

“El cáncer que tuvo en su momento lo ha dejado muy deteriorado”, precisó Vucasovich en declaraciones a Radio 2.

Carlos Reutemann en el Senado. Representa a su provincia en la cámara alta desde el 2003. Foto: Andres D'Elia.

Carlos Reutemann en el Senado. Representa a su provincia en la cámara alta desde el 2003. Foto: Andres D’Elia.

Reutemann se inició en la política desde el peronismo, de la mano del fallecido expresidente Carlos Menem, pero luego se diferenció al adherir a la alianza Cambiemos, siendo uno de los principales dirigentes del interior del país en apoyar a Mauricio Macri.

En 1991 alcanzó por primera vez la gobernación de Santa Fe gracias la controvertida Ley de Lemas, que le permitió ser elegido a pesar de tener menos votos que el radical Horacio Usandizaga, pero ayudado por la sumatoria de todos los candidatos del PJ. En 1999 volvería a repetir, pero esta vez alcanzando un aplastante triunfo sobre el mismo adversario de la UCR.

El conflicto que protagonizó el Gobierno de Cristina Kirchner con el sector agropecuario fue un quiebre en la relación con el oficialismo. Reutemann abandonó en 2009 el bloque K y ese mismo año se impuso para revalidar la banca como parte del espacio Santa Fe Federal, que contaba con el apoyo de un sector del PJ.

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La Cámara de Casación consideró que no fueron delitos de lesa humanidad las vejaciones a soldados en la guerra de Malvinas

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El tribunal penal dio la razón a un ex oficial del Ejército en el sentido de que se trataron de delitos comunes que ya prescribieron. El fallo podría hacer caer toda la causa que se instruye en el juzgado federal de Río Grande.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró esta semana que las vejaciones a soldados argentinos cometidas por oficiales durante la guerra de Malvinas 1982 no fueron delitos de lesa humanidad sino delitos comunes.

Los hechos denunciados, que se investigan en el juzgado federal de Río Grande, no pueden tomarse como crímenes de guerra porque “las presuntas víctimas tenían estado militar y por tanto estaban sometidos a la justicia militar, no resultando ser población civil o grupos perseguidos”, señaló un fallo del máximo tribunal penal antes de la Corte.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por hacer lugar al recurso de casación de un oficial del Ejército y tomaron esa posición que haría prescribir las causas por vejaciones que, incluso ya tienen procesamientos.

“Se advierte que asiste razón a la defensa en cuanto a que en aquel fallo se ha insistido con una cuestión que fue zanjada por esta Cámara Federal de Casación Penal (en el 2009) en el decisorio reseñado en el punto precedente -el cual se encuentra firme-, al referirse a la categorización que corresponde otorgarle a los hechos por los cuales mediara requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Petrone.

Tomó esa posición, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por un ex militar acusado de cometer torturas durante la guerra de Malvinas llamado Jorge Oscar Ferrante, que tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección de una compañía.

La Sala I, con las firmas de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, aceptó el recurso de casación presentado por el abogado Manuel Eduardo Barros, defensor de Ferrante.

 Además, con el voto mayoritario de Barroetaveña y Petrone le devolvió el expediente a la Federal Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”.

Ferrante fue llamado a indagatoria por las supuestas torturas contra el soldado Julio César Más, quien “habría sido estaqueado entre doce y dieciocho horas y que habría culminado cuando otro conscripto lo liberó durante un bombardeo”.

“La cuestión sometida a inspección casatoria relativa a la categorización de los hechos juzgados en este legajo, fue dirimida por esta Sala –con diferente integración- en la ya citada causa de fecha 13 de noviembre de 2009, sentencia que adquirió́ firmeza tal como expresamente lo puso de relieve el más Alto Tribunal en su ya referenciado pronunciamiento en estos actuados, de fecha 13 de mayo de 2015″, agregó Barroetaveña.

La jueza Figueroa votó por rechazar el recursos de Ferrante y a favor de que se siga investigando: “Conforme el estado procesal de la causa y la totalidad de las constancias glosadas al expediente, se advierte que la decisión cuestionada cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo podría llevar a la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y “enterramientos” de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”, explicaron los voceros judiciales.

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”.

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Federico Basualdo sigue en su puesto y se muestra en una actividad oficial

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Desde el kirchnerismo salieron a difundir un encuentro del subsecretario con el sindicato de Luz y Fuerza.

Desde uno y otro lado dejan trascender que el conflicto terminó. El ministro de Economía Martín Guzmán seguirá en su puesto, aunque no haya podido despedir a su subalterno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El presidente Alberto Fernández respaldó a Guzmán. El Instituto Patria, a Basualdo.

Pero aunque pareciera que desde ambos “bandos” buscan bajarle la espuma al conflicto, este martes desde el kirchnerismo salieron a mostrar que Basualdo sigue con su actividad como si nada. Hace horas, sin embargo, desde Economía decían que Basualdo debería dejar su cargo más temprano que tarde.

La forma de dejarlo claro fue la difusión de un encuentro de Basualdo, y la Interventora del ENRE, el ente regulador de la electricidad, Soledad Manin, con representantes del Sindicato de Luz y Fuerza.

La pelea de fondo entre los funcionarios era el aumento de las tarifas. Mientras que Guzmán buscaba reducir los subsidios con subas similares a la inflación para así quitar combustible al déficit fiscal, desde el kirchnerismo más duro y La Cámpora pugnaban por un incremento mínimo, casi testimonial, para no afectar los bolsillos de los consumidores en el año electoral.

El sábado pasado se anunció un alza del 9% para Edenor y Edesur. Por ahora, ese sería el único aumento del año. Guzmán esperaba poder anunciar otro en julio para totalizar 15% en el año.

Según el comunicado del encuentro con Luz y Fuerza, la interventora del ENRE explicó que el organismo se encuentra completando la verificación de la ejecución de la primera etapa del plan de inversión y obras de infraestructura de distribución eléctrica en el AMBA, “impulsado por el Ente Regulador y la Subsecretaría de Energía Eléctrica”, para que no queden dudas.

“En este marco, las distribuidoras ejecutaron más de 800 millones de pesos en el primer trimestre del año, y se encuentra iniciada la segunda etapa con un compromiso de inversiones por 1.493 millones de pesos”, agregaron.

El hecho de que Guzmán tenga rango de ministro y Basualdo de subsecretario no quiere decir nada en un gobierno donde la vicepresidenta marca agenda. De hecho, el cristinismo ya forzó la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF, donde recaló un hombre de Máximo Kirchner, Pablo González.

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