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Politica

A 14 días de irse, el Gobierno por Decreto “busca perpetuar a funcionarios propios en la futura gestión”

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Un decreto de Macri extiende por cinco años los cargos jerárquicos en el Estado.

El presidente Mauricio Macri creó por decreto un régimen para funcionarios jerárquicos que le confiere estabilidad a los directores generales por cinco años. Además establece que para removerlos, el Estado debe pagar una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo que resta para completar ese plazo de cinco años. Desde ATE Capital y los abogados del Estado cuestionaron la decisión, que se toma a catorce días de dejar el Gobierno, y que -según advirtieron- busca perpetuar a funcionarios propios en la gestión de Alberto Fernández o, en caso contrario, proveerles indemnizaciones pagadas por el Estado de decenas de millones de pesos.

El decreto 788/19 , firmado por Macri, por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, hace una reconversión tardía sobre la línea que venía sosteniendo el actual gobierno. Tardíamente, ahora llama a defender los derechos de los trabajadores estatales. Aunque en este caso se preocupa por el escalafón de gerencias. De promover los despidos masivos al comienzo de su Gobierno y cuestionar a quienes se resistían a quedar sin trabajo como “ñoquis” o “grasa militante”, Macri pasa al final de su mandato a crear un sistema para que los cargos jerárquicos del Estado tengan estabilidad.

Concretamente, lo que establece el decreto en sus anexos es que se crea el “Régimen de Alta Dirección Pública”, que incluye a directores generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores. Todos pasan a tener estabilidad por cinco años. Y, en caso de que se los remueva, el Estado deberá pagar el equivalente a los sueldos por lo que resta de esos cinco años. Exactamente lo opuesto a lo que exigía el macrismo al llegar al gobierno, cuando funcionarios como Hernán Lombardi reclamaban que nadie pidiera una indemnización y amenazaba con escraches públicos a los que lo hacían.

Para dar un ejemplo, en el caso de un director general que estuviera en el rango más bajo (inicial), la indemnización podría superar los 10 millones de pesos si ingresó este último año. Para esto, el decreto homologa un acta acuerdo que fue convalidada por UPCN y rechazada por ATE. Desde el Gobierno negaron que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que “promueve un sistema de concursos más transparente”. Desde UPCN también negaron ante este diario que el decreto implique un amparo a funcionarios macristas.

La iniciativa fue cuestionada desde ATE que, en todas las instancias de negociación colectiva, se opuso a la creación de este régimen de cargos jerárquicos. El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández, advirtió que “a catorce días de terminar su mandato, Mauricio Macri continúa su tarea de condicionar y dejar un campo minado a Alberto Fernández”.

“Desde el 1 de enero de 2020 se aplica un aumento salarial considerable a los más altos cargos de la Administración Pública Nacional, que incluso impactarán sobre los salarios de ministros y el presidente”, indica también, sobre un cambio en los escalafones. Según cálculos de ATE, esta modificación podría implicar aumentos de entre 80 y 100 mil pesos a partir de enero del año próximo. Es decir, los incrementos serán enteramente pagados por el próximo gobierno.

“Lo que planteamos es que hay un intento claro de colonizar el Estado nacional con la fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando“, cuestionó Fernández. El dirigente sindical advirtió que el decreto 788 “establece una prioridad que no es la nuestra: planteamos que hay un problemas con los ingresos de las categorías más bajas y la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras que sobrevivieron a la ola de despidos del macrismo. Ahora quieren aplicarle a los cargos jerárquicos que ocuparon ellos todos los derechos que le negaron a los estatales durante estos años”.

“Lo que venimos planteando es que el salario, depredado por las políticas de Macri, tiene que ser recompuesto, pero comenzando por los estratos más bajos”, advirtió. El dirigente seguró que, apenas asuma Fernández, desde ATE van a ofrecer que se postergue la entrada en vigencia del decreto 788.

Por su parte, la  Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) cuestionó que el régimen de ingreso dispuesto por el decreto de Macri para cargos jerárquicos tiene “exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto, y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente”.

El secretario general de AGAE, Rubén Ramos, afirmó que el decreto 788 “es un artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas, sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza”. “Para entender mejor de qué se trata, resulta útil contextualizar lo descripto: el acuerdo fue firmado poco antes de las elecciones del 27 de octubre, mientras que su homologación se produce a dos semanas de la asunción de las nuevas autoridades de Gobierno”, remarcó Ramos.

El gobierno de Macri ya había abierto una polémica por lanzar en los últimos meses un llamado a pases a planta de 2352 cargos, de los cuales unos pocos eran jerárquicos. En aquel momento, ATE Capital presentó un informe en el que advirtió que el macrismo dio de baja más concursos de los que lanzó en sus cuatro años de Gobierno.

El trabajo indica que, pese al discurso de la meritocracia y el eficientismo, la gestión PRO dejó sin efecto 1910 concursos y cajoneó otros 3964 para los que no pudo encontrar defectos formales. En lo que va de su gestión, según el informe, el actual gobierno sólo designó 1519 cargos por concursos internos, de los que solo un porcentaje ínfimo fue cubierto por profesionales.

En la misma línea, Macri, que comenzó con miles de despidos, termina intentando asegurar que los cargos jerárquicos no puedan ser tocados por el próximo gobierno. O que cobren millones del Estado para irse.

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Politica

PAMI y ANSES, dos organismos donde La Cámpora acrecienta su poder

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Se trata de la obra social de jubilados, con casi 5 millones de afiliados, y de la administración que gestiona prestaciones como asignaciones familiares, subsidios por desempleo y AUH, con 18 millones de beneficiarios.

Dos organismos de enorme poder tendrán a dirigentes de la agrupación kirchnerista La Cámpora en sus mandos principales. Se tratan del PAMI y la ANSES, esto es, la obra social de jubilados y pensionados con casi 5 millones de afiliados en todo el país, y la administración de la seguridad social, que gestiona prestaciones como asignaciones familiares, subsidios por desempleo y la AUH, con 18 millones de beneficiarios.

Desde esos lugares centrales de la administración se realizan acciones políticas de alcance nacional y varios de sus pasados conductores han adquirido relevancia nacional. Horacio Rodríguez Larreta fue interventor del PAMI en los años 90 y Graciela Ocaña accedió a la titularidad de esa obra social por pedido de Néstor Kirchner, en enero de 2004.

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Nacionales

El decreto de Mauricio Macri para su primera cadena nacional

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El presidente Mauricio Macri difundirá hoy un balance de sus cuatro años de gobierno que se transmitirá por cadena nacional . Según hicieron trascender fuentes oficiales, la cadena nacional del presidente de la Nación comenzará a las 20 y podría superar los 40 minutos. Allí buscará maquillar la pésima situación económica y social que deja su gobierno como herencia al de Alberto Fernández.

A través del decreto 815/2019, que lleva la firma de Macri y del jefe de gabinete Marcos Peña, el Gobierno dispuso que “el Poder Ejecutivo Nacional, previo a la finalización del mandato presidencial establecido en el artículo 90 de la Constitución Nacional, deberá informar a la ciudadanía sobre el estado de la Nación resultante de los cuatro años de gestión”. Así, por primera vez en cuatro años Macri utilizará la cadena nacional por fuera de las aperturas de sesiones del Congreso.

“La rendición de cuentas a la ciudadanía es uno de los principios fundamentales sobre los que se asienta el sistema representativo y republicano que adopta nuestra Nación como forma de gobierno”, dice el decreto publicado hoy.

Agrega que “la rendición de cuentas se desarrolla a través de una serie de procedimientos y mecanismos por medio de los cuales los funcionarios públicos motivan sus acciones, responden a críticas y requerimientos y asumen responsabilidad por sus actos y decisiones”.

El mensaje de Macri se centrará en repetir lo que ya viene diciendo: que le deja “bases sólidas” al presidente que llega, mientras que Alberto Fernández habla de “un pantano”. Y arrojar números de otras cosas que no sean la economía y que el Gobierno considera sus logros.

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Justicia

Sobreseyeron a Mauricio Macri por los Panamá Papers pero seguirán investigando a sus hermanos por una cuenta en Suiza

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El juez federal en lo Penal y Económico Diego Amarante sobreseyó a Mauricio Macri en una investigación iniciada tras la difusión de los Panama Papers. El magistrado descartó una presunta evasión impositiva vinculada a las sociedades offshore Fleg Trading, radicada en Bahamas, y la panameña Kagemusha. La decisión la tomó el magistrado el 6 de agosto, antes de las PASO, pero recién trascendió hoy.

Según pudo corroborar Infobae de fuentes judiciales, el juez determinó que “las empresas no habían tenido ganancias, ni en el país ni en el exterior, ni los directores – por Mauricio, sus hermanos Mariano y Gianfranco, y su padre ya fallecido Franco Macri- cobraron honorarios”.

Asimismo se estableció que “no realizaron ninguna actividad en el país ni siquiera en forma aislada, descartándose que pudieran resultar sujetos obligados tributarios” y que tampoco se hayan distribuido dividendos. Destacó asimismo que se dejó de pagar la tasa para mantenerlas activas en Bahamas y Panamá.

Si bien se corroboró que Fleg Trading fue accionista de la firma Owners Do Brasil, en ese país, “se descartó, por un lado, que a través de su estructura jurídica se haya llevado adelante la prueba piloto de Pago Fácil en Brasil y por otro, que haya tenido actividad que permitiera distribuir honorarios con posterioridad al año 2007, fecha en que la sociedad quedó inoperativa por falta de pago de la tasa de mantenimiento”.

En relación a la otra parte del expediente vinculada a los hermanos del Presidente Gianfranco y Mariano, investigados por la presunta evasión fiscal debido a la omisión de declarar fondos en una cuenta en Suiza a nombre de la sociedad offshore BF Corporation SA, Amarante resolvió ayer rechazar el pedido de sobreseimiento realizado por la defensa.

La fiscal Gabriela Ruiz Morales, subrogante de la Fiscalía en lo Penal Económico Nº 6, había solicitado a su vez el sobreseimiento de los hermanos del Presidente antes de la feria judicial de julio, junto con el de Mauricio Macri, con el argumento de que se habían acogido al último blanqueo.

Sin embargo, el magistrado no resolvió ese pedido a favor de los hermanos de mandatario en agosto, cuando determinó el cierre de la causa contra el Presidente, ya que decidió profundizar la investigación.

Ayer, ante un pedido de la defensa de Gianfranco de sobreseimiento por “falta de acción”, al considerar que es la Fiscalía la que debía impulsar la causa y había pedido el cierre de la causa, Amarante lo rechazó el cierre por prematuro.

El magistrado consideró que aún debe determinar si le corresponden o no los beneficios de la ley de blanqueo, que por ejemplo, exige que no hayan quedado bienes sin declarar. Asimismo, según pudo saber Infobae, evaluará la vinculación de Gianfranco Macri con la causa de los cuadernos de las coimas.

El origen de la causa contra Macri

La investigación se inició en abril de 2016 a partir de las revelaciones de la investigación global de los Panama Papers, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que derivaron en una denuncia penal del diputado kirchnerista Darío Martínez. La investigación le atribuía a Mauricio Macri haber omitido declarar su participación en Fleg Trading y Kagemusha. Adicionalmente, se sospechaba que las referidas sociedades podrían haber sido utilizadas para ocultar maniobras de lavado de dinero u otros activos y que podrían haber cometido algún delito de orden penal tributario.

El fiscal Federico Delgado impulsó la investigación por haber omitido Macri declarar su participación en esas firmas offshore, con la hipótesis de que podrían haber sido utilizadas para el presunto lavado de dinero o un delito tributario.

Un año más tarde, el expediente recayó en el Juzgado de Amarante, quien delegó la investigación en la Fiscalía en lo Penal Económico Nº 6, subrogada por Gabriela Ruiz Morales. Fue luego de que el juez federal Casanello descartara, en abril de 2017, la hipótesis de lavado de activos, y enviara una parte del expediente al fuero Penal Económico para que investigue si hubo evasión impositiva. La otra parte fue al Juzgado Criminal Nro. 20, del fuero ordinario, para determinar si Macri había incurrido en omisión maliciosa en sus declaraciones juradas. La decisión de Casanello fue luego ratificada por la Cámara Federal.

Las respuestas a los exhortos internacionales

Según la información brindada por las autoridades de Bahamas, Fleg Trading fue conformada en 1998 y dada de baja en 2009, después de que no pagara su fee anual en 2008.

Respecto de su actividad en Brasil, ese país informó en respuesta al exhorto enviado por la Justicia Argentina que como apoderado figuraba Mariano Macri. El hermano del presidente había figurado como primer director de Fleg Trading junto a Mauricio y Franco, quienes fueron reemplazados a los pocos meses, en 1998, por tres empleados del Grupo SOCMA: Leonardo Maffioli como presidente, Miguel Sosa como vicepresidente y Concepción Lioi en carácter de secretario.

Estos tres empleados de SOCMA declararon en sede judicial que Fleg Trading compró acciones de Owners do Brasil, pero que “dicha operación no implicó una transferencia bancaria de dinero, sino que fue a través de un débito en la cuenta contable de Francisco Macri en Socma Americana SA” .

Según la resolución judicial a la que tuvo acceso Infobae, Maffioli declaró que Owners “tuvo una participación pequeña de una cuota en Global Collection Services do Brasil, la cual representaba menos del 1% del capital. Esta última empresa había realizado la prueba piloto de Pague Fácil en Brasil, pero la misma había finalizado para enero de 2003, época en la cual tuvo lugar la adquisición. Aseguró que la referida prueba piloto no generó utilidades”. Esto fue confirmado por Sosa, quien agregó que “la sociedad no tenía oficinas ni empleados porque no era una sociedad operativa”.

En cuanto a Kamegusha, fue constituida en Panamá en 1982 siendo Franco Macri su presidente y representante legal. Su directorio estuvo conformado además por Gianfranco Macri, Mauricio Macri y Eloy Benedetti. Según información aportada por las autoridades panameñas en respuesta a los exhortos enviados por Casanello, la firma offshore “no tenía propiedades registradas en ese país, ni actividad comercial declarada”. Fue disuelta de oficio por las autoridades en 2016, después de 10 años consecutivos de morosidad en el pago de la tasa anual del Registro.

La cuenta en Suiza de los hermanos

Gianfranco Macri y Mariano Macri están siendo investigados como titulares y beneficiarios finales de BF Corporation SA, firma que habría omitido declarar activos existentes en una cuenta del Banco SAFRA de Suiza.

Según admitió el propio Gianfranco al equipo argentino de los Panama Papers, fue él quien a través de esa sociedad blanqueó USD 4 millones en la amnistía fiscal dispuesta por su hermano, Mauricio Macri.

Para Amarante, “la existencia de un dictamen fiscal en sentido favorable a la aplicación al caso de la causal especial de extinción contemplada en la ley 27.260 (de blanqueo) no implica el cese automático ni la renuncia, de una acción que fue legalmente promovida”. Según el magistrado, previamente, se debe corroborar que los hermanos Macri hayan cumplido con “todos los requisitos exigidos por el régimen legal (de regularización y exteriorización de activos) para tornar operativos sus efectos”.

Según pudo saber Infobae, el magistrado también quiere profundizar en la vinculación de Gianfranco Macri con la causa de los cuadernos de las coimas y sus derivadas. El hermano del presidente recibió la falta de mérito en el expediente en que se investiga el pago de coimas para obtener las concesiones de peajes.

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