La ampliación del presupuesto para las casas de altos estudios está en el centro del debate en Diputados. Además, el oficialismo pretende transparentar y auditar los fondos públicos.
Las horas previas a la sesión solicitada por la oposición para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario son frenéticas. El Gobierno hace números y recluta futuros “héroes”, los busca en el PRO de Cristian Ritondo y en los representantes de los gobernadores provinciales. El Ejecutivo sabe que con ellos y algunas ausencias podría recuperar esperanzas para la reunión parlamentaria del próximo miércoles a las 11.
El asesor Santiago Caputo se reunió con el expresidente Mauricio Macri el jueves con un objetivo claro: adelantar los tiempos y conocer la postura del bloque amarillo.
El titular del PRO no solo se reunió con los senadores de su fuerza, a excepción de Tagliaferri quien ya anunció su apoyo a la ley, sino que consultó a casi todos sus representantes en la Cámara Baja. Tiene un amplio panorama, pero la estrategia del PRO es el silencio hasta este martes, cuando se reúna la bancada y tomen en conjunto una determinación. Incluso el propio Milei se comunicó con Macri el último fin de semana
Las consultas también incluyeron un llamado de Milei a Macri durante el fin de semana. El Presidente tiene particular interés en conocer si habrá otros diputados, además de Álvaro González, que rechacen el veto.
Encuentro con los dialoguistas
El Gobierno espera este lunes al mediodía recibir en la Casa Rosada a algunos de sus principales aliados parlamentarios. Llegarán, en principio, Cristian Ritondo, Silvana Giudici y Silvia Lospennato, del PRO y se les podría sumar otro diputado como Alejandro Finocchiaro, especialista en Educación.
También estarán los diputados del MID, presidido por Oscar Zago, y de La Libertad Avanza, con Martín Menem y Gabriel Bornoroni a la cabeza. El legislador Eduardo Falcone del Movimiento desarrollista afirmó: “vamos a tocar el tema del financiamiento universitario”.
Además, agregó: “En diferentes reuniones le hemos planteado al Gobierno encontrar una solución política a esta situación porque se puede entrar a un conflicto y no se sabe cómo termina, puede haber un plan de lucha y creo que el Gobierno tiene herramientas como para aportar y evitar un conflicto”.
En la misma línea, el diputado aclaró: “El costo es importante, el 0,14% del PBI (según lo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, OPC), pero no es un importe que no pueda ser conversado y negociado con los rectores. Es el momento de debatir muchas cosas, no solo los fondos presupuestarios, sino también sobre el perfil que debe tener la universidad y la rendición de gastos”.
En paralelo, se hablará del Presupuesto 2025. Para este martes, a las 14, está pautado el tratamiento en la comisión que encabeza José Luis Espert y tendrá como espadas defensoras de los números del Gobierno a los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman y de Finanzas, Pablo Quirno. Desde el oficialismo, buscarán acomodar los fondos para mejorar el presupuesto de las universidades nacionales a través de la redirección de partidas de diferentes organismos. Ante todo, queda en claro la premisa de déficit cero que marcó el jefe de Estado, Javier Milei, cuando se presentó ante el Congreso el pasado 15 de setiembre y entregó el proyecto de ley de la hoja de ruta económica del año próximo.
La sesión
La oposición debe lograr los dos tercios de los legisladores presentes para, primero, discutir el veto y luego votarlo. Es decir, si asistieran los 257 diputados, esos dos tercios serían 171. El oficialismo, junto a al PRO, el MID y los bloques menores, buscarán los números suficientes para bloquear esa mayoría, como lo hicieron con los 87 diputados el pasado 11 de setiembre ante el rechazo a la ley de Movilidad jubilatoria.
En eso trabajan y, por eso, el incremento de llamados telefónicos con los gobernadores provinciales. Hay ocho diputados que conforman Innovación Federal y representan a las fuerzas de Salta, Río Negro y Misiones. También están los tres que responden al gobernador Gustavo Sáenz, que adelantaron el rechazo al veto. Los cuatro legisladores de Misiones y Agustín Domingo, de Río Negro, aún no se definieron.
Pero los contactos también alcanzan a los mandatarios de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Chubut, Ignacio Torres. Desde la jefatura de Gabinete también llamaron a San Juan, donde el mandatario local, Marcelo Orrego, tiene un bloque propio de dos diputadas, Nancy Picón Martínez y María de los Ángeles Moreno, quienes en votaciones anteriores acompañaron al Gobierno.
El radicalismo de Rodrigo de Loredo se muestra confiado en sentar a la mayoría de sus integrantes. Saben que cinco de sus diputados, que acompañaron el veto a las jubilaciones, están divididos en cuanto a sus posturas. A Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier, lo cuentan como votos a favor del veto.
Mientras que los casos de Pablo Cervi y Martín Arjol, los esperan en el recinto para acompañar al bloque o directamente que estén ausentes de la sesión. La misma postura de rechazar el veto ya adelantaron Encuentro Federal, la Coalición Cívica, UxP y el Frente de Izquierda.
Las distintas auditorías a las que deben someterse las universidades
El titular del PRO, Mauricio Macri, expresó que es “importante auditar los gastos de las universidades”. La sanción del Congreso estableció que las asignaciones presupuestarias deberán estar acordadas con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), y controladas por la Auditoría General de la Nación (AGN). El cambio presupuestario implicaría para las cuentas públicas un gasto adicional de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, según lo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Pero el debate gira, además, sobre el control de los fondos estatales. “Las universidades tienen tres auditorías concomitantes, es decir, mientras se utilizan los fondos presupuestados, y una auditoría post ejecución del presupuesto, la rendición de cuentas que realiza la AGN [la Auditoría General de la Nación]”, señaló Walter Ceballos, exdiputado nacional, e integrante del cuerpo de asesores de la Auditoría General.
Ceballó, además, detalló que por el artículo 7 de la ley de Administración Financiera, en lo referido a las transferencias del Estado Nacional, tienen competencia la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y la Auditoría General de la Nación para llevar adelante una auditoría. “Serán los órganos rectores de los sistemas de control interno y externo, respectivamente”, dice la norma.
Una segunda instancia de control es la realizada por las propias universidades que por la Ley de Educación Superior designan a un Auditor Interno, un funcionario avalado por el Consejo Superior de las Universidades que estará al frente de la UAI, Unidad de Auditoría Interna. Auditará cada partida, cada programa y cada transferencia del Estado.
El artículo 59 de la Ley de Educación Superior establece: “Las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156, de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional. En ese marco, corresponde a dichas instituciones: Administrar su patrimonio y aprobar su presupuesto. Los recursos no utilizados al cierre de cada ejercicio se transferirán automáticamente al siguiente; fijar su régimen salarial y de administración de personal; podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad”.
Por el artículo 128 del Capítulo XII de la Ley de Presupuesto 2020 se mantiene la vigencia de los controles de la Sigen y expresa dentro del articulado de la norma: “Los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones será igualmente aplicable para las Universidades Nacionales”.
El tercer control de los fondos es por medio de la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Donde se señala: “La evaluación institucional llevada adelante por la CONEAU se encuentra establecida en la Ley de Educación Superior y abarca tanto proyectos de creación de instituciones universitarias privadas, nacionales y provinciales como instituciones universitarias en funcionamiento”.
El exlegislador del radicalismo, Walter Ceballos indicó: “No es cierto que la Sigen y el Gobierno no tengan información sobre las universidades. Todos los meses la ejecución presupuestaria es enviada por las Universidades a la secretaría de políticas universitarias”.
